Por: Jorge Emilio Rhenals Montes.

Nuevamente ha vuelto el debate sobre la necesidad de implementar una reforma tributaria en Colombia. Esta vez, el gobierno de turno ha justificado la reforma, argumentando que se requieren 12 billones de pesos (0,7% del PIB) para cumplir con el objetivo presupuestal del 2025. Ante el bajo recaudo de impuestos, las múltiples demandas contra la Ley 2277 de 2022 (primera reforma tributaria del Gobierno Petro) y la incapacidad de ejecución presupuestal, el Gobierno Nacional ha tenido dificultades para cumplir con sus diferentes promesas de campaña.

En este contexto, es legítimo preguntarse si realmente es necesaria una reforma tributaria y de dónde provendrán los 12 billones de pesos que se requieren. Esta nueva reforma, denominada por el Gobierno Nacional como Ley de Financiamiento, se presenta como un apoyo para los empresarios más que como una carga impositiva adicional. Los ejes centrales del texto que por ahora se conoce de la reforma son:

1. La modificación de la destinación del Impuesto Nacional al Carbón, que pasaría en un 66% a la unidad de caja del Gobierno Nacional;
2. La reducción progresiva de la tarifa de renta corporativa del 35% al 30% en 2029;
3. El incremento de la Tasa de Tributación Depurada (TTD) del 15% al 20%;
4. El aumento de la tarifa de ganancias ocasionales para las personas jurídicas y naturales del 15% al 20%;
5. Elincremento de la tarifa marginal del 39% al 41% en el Impuesto sobre la Renta para las personas naturales cuyo ingreso supere las 32.000[1] Unidades de Valor Tributario (UVT);
6. La limitación de las rentas exentas y deducciones especiales de las personas naturales a 1.000[2] UVT (actualmente están en 1.340 UVT después de la reducción realizada por la ley 2277 de 2022) y;
7. La disminución de la base del impuesto al patrimonio, de 72.000 UVT a 40.000[3] UVT.

No hay que ser un experto en materia fiscal para saber que cualquier reducción de impuestos en un sector debe compensarse con incrementos en otro, especialmente cuando el objetivo es aumentar en 12 billones de pesos el Presupuesto General de la Nación para el año siguiente. Es por esto, que el Gobierno Nacional “propone” continuar gravando desmesuradamente al sector minero energético, así como incrementar la TTD; el impuesto a las ganancias ocasionales; la tarifa del impuesto sobre la renta para personas naturales; la base del impuesto al patrimonio, y limitar cada vez más las exenciones y deducciones para las personas naturales, afectando principalmente a los asalariados.

Frente a este panorama y la grave crisis política e incertidumbre que atraviesa el país, es esencial que el Gobierno Nacional se enfoque en no desincentivar el empleo y la economía. En lugar de una reforma tributaria que afecte directamente los bolsillos de todos, debería preocuparse por ejecutar eficientemente los recursos disponibles y por la reactivación económica, pues, no parece sensato hablar de una reforma tributaria en un contexto donde el recaudo y la inversión están disminuyendo, como consecuencia de la actual presión sobre la economía nacional.

Además, es justo que el debate sobre la reforma tributaria se lleve a cabo con transparencia y claridad. El Gobierno Nacional está haciendo un gran esfuerzo para presentar esta reforma como un incentivo para las empresas, pero la realidad es que las medidas que se están sugiriendo pueden llegar a tener un impacto negativo tanto en las personas jurídicas como en las personas naturales.

También es importante mencionar que esta reforma no aborda de manera estructural los problemas subyacentes, como la ineficiencia en la ejecución del gasto público y el crecimiento descontrolado de la burocracia estatal. Sin reformas más profundas en estos asuntos, seguir recurriendo a aumentos de impuestos podría generar un círculo vicioso de baja recaudación y mayor endeudamiento, debilitando aún más la confianza en la economía colombiana.

Así las cosas, antes de incrementar la carga impositiva, el Gobierno Nacional debería enfocarse en la implementación de medidas que conlleven la reducción del tamaño del Estado, lo cual implicaría a una mayor eficiencia y a una reducción de los altos costos operativos y administrativos que hoy en día generan las entidades estatales. Recordemos que el Presupuesto General de la Nación incrementó en un 18,9% en el año 2024 respecto al 2023, lo que se traduce en un estado más grande y difícil de controlar. Un Estado con demasiadas funciones tiende a ser menos capaz de cumplirlas adecuadamente.

En conclusión, el texto filtrado hasta ahora muestra que la propuesta actual no aborda de manera efectiva los graves problemas que enfrenta el país. El Gobierno Nacional parece centrarse en aumentar la recaudación para compensar dificultades en la ejecución presupuestal, en lugar de reducir el gasto estatal y asignar recursos a los sectores que realmente los necesitan y que están rezagados en ejecución. Por ello, es fundamental que el Gobierno aborde la reforma tributaria desde una perspectiva más sensata, considerando las verdaderas causas del bajo recaudo y la ineficiencia en la ejecución del Presupuesto General de la Nación. La respuesta seguramente será no presentar una reforma en estos momentos.

_{[1] Para 2024 la UVT tiene un valor de $47.065, lo que significa que 32.000 UVT corresponden a $1.506.080.000 [2] $47.067.000 [3] $1.882.600.000}