El discurso sobre el desarrollo sostenible se ha perfeccionado y matizado durante años, acuñándose inicialmente este término durante la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 1972. El desarrollo sostenible, en su acepción más amplia, se trata de asegurar que la actividad económica satisfaga las necesidades presentes, sin comprometer las de futuras generaciones[1]. A partir de entonces, continuadamente se han venido celebrando conferencias, de las que han surgido comisiones o convenciones que ahondan y vigorizan la discusión sobre economía, sostenibilidad, medio ambiente y bienestar social, entre las que se encuentran la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1982, la Cumbre la Tierra en 1992, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo sostenible en 2002 y la Cumbre Río+20, en 2012[2].

Tal vez a razón de la esfera elevada y lejana en que se abordan, pareciera que el desarrollo sostenible se tratara de una noción cuya percepción corresponde a la del idealismo poco práctico. Sin embargo, su razón de ser se deriva justamente de las actividades productivas y de consumo humano diarias, comunes, que nos permiten mantener nuestros modos corrientes de vida. Así, los fenómenos ambientales y naturales a los que somos proclives cada vez, con mayor intensidad, hacen urgente la necesidad de adaptar la industria (local, regional, nacional y global) y encauzar los medios de producción y los hábitos de consumo, para que estos resurjan más acordes a un presente al que apremia frenar el calentamiento global, la conservación de los recursos hídricos, la fauna y la flora, disminuir las brechas sociales, aumentar la inclusividad y lograr la seguridad alimentaria.

Recientemente, la responsabilidad empresarial, concepto en el cual convergen el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, ha sido considerada una alternativa al modelo de crecimiento económico tradicional. Esta es entendida como la “(…) gestión orientada a la mejora de los impactos económicos, sociales y ambientales de la empresa, se procura su permanencia en el mediano y largo plazo en el mercado, así como el bienestar social”[3].

Especialmente, la responsabilidad empresarial ha sido acuñada por la micro, pequeña y mediana empresa, convirtiéndose en un canal para lograr tales objetivos de sostenibilidad[4] al jugar un importante rol en la generación de empleo, así como en la proposición de nuevas y más creativas formas de prestar servicios básicos en pro de la innovación tecnológica. En el objeto de esta clase de empresas no sólo se encuentra el generar beneficios económicos, sino también operar de forma ética, minimizando el impacto negativo en el medio ambiente y contribuyendo al bienestar social, mediante la ejecución de prácticas comerciales y productivas responsables.

Algunos ejemplos de lo anterior son las iniciativas de emprendimiento sostenible del ecoturismo, de energías limpias y de la industria alimentaria. Incluso, algunos segmentos de la ganadería, considerada tradicionalmente una industria altamente contaminante y que propicia la deforestación, han destinado recursos y esfuerzos a la investigación sobre ganadería sostenible y conservacionista, creando un mercado “sello verde”. Un último ejemplo es la moda circular, en que prendas hechas de materiales reciclados, o de otras prendas, o las tiendas de ropa de segunda mano (vintage) han ido en auge.

El sector público ha hecho algunos esfuerzos por el impulso de la responsabilidad empresarial, o por el desincentivo de actividades contaminantes. Por ejemplo, mediante la Ley 1901 de 2018, reglamentada por el Decreto 2046 de 2019, se creó la figura de empresas Beneficio e Interés Colectivo (BIC), las cuales se encuentran comprometidas a la generación de impactos sociales, ambientales y económicos bajo las dimensiones de modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales y ambientales y la comunidad. Entre los beneficios a los que son acreedoras las sociedades BIC se encuentran los siguientes:

• Tarifas preferenciales en servicios de propiedad industrial.
• Incentivos fiscales por la distribución de acciones entre empleados.
• Condiciones especiales en líneas de crédito.
• Acceso prioritario a convocatorias.
• Mayor visibilidad en la plataforma “Compra lo Nuestro”.
• Tarifas reducidas en trámites relacionados con la propiedad industrial.
• Posibilidad de distribuir hasta un 10% de las utilidades en forma de acciones para sus empleados, cuyas ganancias no se considerarán como renta gravable.
• Financiamiento de programas de modernización, certificaciones de bioseguridad, y proyectos de sostenibilidad, eficiencia energética y energías renovables.
• Diferenciación dentro de la plataforma “Compra lo Nuestro”, donde podrán destacarse como entidades comprometidas con la sostenibilidad, y conectarse con clientes y proveedores.
• Tarifas preferenciales del ICONTEC en el ofrecimiento de productos y servicios.

Así mismo, en el 2022 nació el Plan Nacional de Negocios Verdes, instrumento destinado a la creación de iniciativas para el posicionamiento de bienes y servicios que generan impacto ambiental positivo. En virtud del Plan, se han realizado distintas Ferias y Nodos de Negocios Verdes destinadas a impulsar y ampliar el mercado de tal clase de emprendimientos. Sin embargo, siendo el 99,3% de los 1,74 millones de empresas que hay en el país Mipymes, tan solo existían, al mes de enero de 2023, 2.212 sociedades BIC[5].

Así mismo, los espacios promovidos por el Plan han resultado insuficientes, habiendo a 2022 sólo 4.163 negocios verdes vinculados[6]. En suma, pareciera que abrirse camino como una empresa responsable social y ambientalmente, en procura del desarrollo sostenible, no fuese especialmente auspiciado, o que las iniciativas al respecto adelantadas por el Estado han resultado insuficientes, a pesar de que la agenda política así lo proclame. Más aún, si se tienen en cuenta las reducciones en el presupuesto asignado por el Gobierno al Ministerio de Ciencia y Tecnología; a pesar de que el apoyo a la investigación y la innovación tecnológica es absolutamente necesario para la transformación hacia la sostenibilidad de todos los sectores económicos, pero especialmente de aquellos intensivos en emisiones carbono, como el de la energía[7].

En este momento se está en deuda con el planteamiento y la ejecución de programas enfocados en Mipymes, para la integración de los objetivos ambientales y las políticas económicas. Valdría la pena analizar y apoyar acciones como la inversión en infraestructuras y energías renovables, la creación de fondos de capital verdes/medioambientales, centrar las inversiones de estímulo en la economía sostenible, así como reorientar la financiación existente mediante la ecologización del sector financiero, destinando gran parte de estos recursos en la investigación científica y la innovación tecnológica. A pesar de que actualmente son insuficientes los esfuerzos tanto públicos como privados por hacer atractiva la responsabilidad empresarial, estos son cada vez mayores. Esperemos que próximamente, gracias a iniciativas conjuntas y articuladas, deje de constituir un reto inmenso suplir la necesidad de crecimiento y de participar en una economía que pueda procurar por un lado, empresas rentables, cuya estructuración y operatividad se adapte al imperfecto y muchas veces anacrónico, pero imperante sistema; y por el otro, tener resultados sociales, ambientales y comunitarios positivos.

[1] CMMAD, 1987. Nuestro Futuro Común, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 4 de agosto, A/42/427, Asamblea General de las Naciones Unidas

[2] Grand, M. C., & D’Elia, V. (2018). Desarrollo sostenible y conceptos “verdes.” Problemas Del Desarrollo, 49(192), 61–84. https://www.jstor.org/stable/90016204.

[3] Portales L, 2021. Las cinco dimensiones de la sostenibilidad empresarial.  Sostenibilidad en las pymes de América Latina y el Caribe. 27-55. https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/7cfee3dd-d7ee-45fc-ac4d-ccca6a9bdb91/content.

[4] Rodríguez, Azar, Braly-Cartillier & Fernandini (2022). Impulsando la sostenibilidad en las mipymes de América Latina y el Caribe: propuesta de una herramienta de autodiagnóstico ASG. https://publications.iadb.org/es/impulsando-la-sostenibilidad-en-las-mipymes-de-america-latina-y-el-caribe-propuesta-de-una.

[5] Superintendencia de Sociedades, 2023. Informe Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo – BIC. https://www.supersociedades.gov.co/documents/107391/6846526/INFORME-BIC.pdf.

[6] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022. Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles.https://www.minambiente.gov.co/wpcontent/uploads/2022/10/Infografi%CC%81a-NV.pdf.

[7] Engelke, Jackson & Bell, 2021. Mapping Green Innovation Ecosystems: Evaluating the Success Factors for the World’s Leading Greentech-Innovation Centers. Atlantic Council. http://www.jstor.org/stable/resrep31089.